A algunos puede parecerles una verdad de Perogrullo que los procesos sociales y económicos deben centrarse en las personas. Sin embargo, durante mucho tiempo, el desarrollo ha sido considerado y evaluado en términos puramente económicos –particularmente en términos del crecimiento anual del ingreso per cápita– sin valorar las consecuencias que dicho crecimiento conlleva en la calidad de vida de las personas.
Tal como lo ha sido durante siglos, la economía peruana del siglo XXI sigue estando basada en la minería, la pesca y la agricultura. Se estima que la minería provee más de la mitad del ingreso anual por exportaciones. Además, Perú es el segundo productor mundial de plata, y el líder latinoamericano en extracción de oro. También se han invertidos varios miles de millones de dólares en campos de gas natural y minas antiguas. Por ejemplo, la mina de cobre y zinc de Antamina, en Ancash, representa la inversión individual más grande del mundo. Es de notar que todos estos emprendimientos son dirigidos por empresas extranjeras.
Al inicio de la década de 1990, Perú dio inicio a un proceso de ajuste estructural con el propósito de liberalizar su economía, desatando un gran auge en el sector minero. En este marco, se establecieron las normativas para la privatización de las compañías estatales, al tiempo que las leyes laborales fueron debilitadas significativamente. Durante el primer término del presidente Fujimori también se suavizaron varias disposiciones del Estado vinculadas con el medio ambiente. Se modificó la ley de tierras, la cual regulaba la propiedad y uso de las tierras y establecía los derechos de los indígenas sobre ellas, con el objetivo de favorecer a las inversiones mineras.
Estas reformas de liberalización se tradujeron en el fortalecimiento de la posición relativa del sector minero en la economía peruana. Durante gran parte de los noventa, este sector se expandió considerablemente. Entre 1991 y 1997, la porción de tierra cubierta por concesiones mineras aumentó en más de 700%, y hacia finales de 1999, se habían otorgado derechos mineros sobre aproximadamente el 12% del territorio nacional. Esta expansión tuvo lugar tanto en zonas mineras tradicionales como en áreas donde nunca se había desarrollado este tipo de actividad.
A pesar de las ganancias económicas, la minería ha ocasionado muchos problemas para el medioambiente y la sociedad. La industria minera utiliza químicos tóxicos como cianuro y ácido sulfúrico para extraer los minerales. El proceso de la extracción también puede producir subproductos tóxicos. Estos productos químicos no siempre son transportados o manipulados de forma apropiada y es común que se produzcan derrames de estos materiales. Por ejemplo, en 1999, un camión derramó su carga y los residentes de una comunidad estuvieron expuestos al mercurio.
La contaminación del medio ambiente también es causada con frecuencia por la contención inadecuada de los residuos o restos de roca, producto de la extracción de los minerales. Estos a menudo contienen metales pesados, minerales ácidos y residuos de los productos químicos tóxicos utilizados durante el proceso de extracción. Perú se ha visto afectado en gran medida por la contaminación generalizada del agua, causada por el manejo inadecuado de los residuos mineros.
El establecimiento de una compañía minera también puede tener serias consecuencias sociales para las comunidades locales. En algunos casos, las comunidades son desplazadas y reubicadas por la fuerza para hacer espacio a los desarrollos mineros. Sin embargo, en el caso de la controversial mina de oro de Tambogrande, en el departamento de Piura, la reubicación de la comunidad pudo ser detenida a tiempo. La construcción de la mina requería que casi la mitad del pueblo tuviera que trasladarse a otro sitio, pero la gente se rehusó a abandonar sus hogares y pudieron bloquear la propuesta de la empresa.
Por otro lado, la minería a menudo involucra la llegada de extranjeros, lo cual genera tensión dentro de las comunidades y amenaza las prácticas tradicionales. Es común el aumento de problemas de salud, de la prostitución, el alcoholismo, la violencia doméstica y la desintegración familiar en las comunidades que coexisten con la minería.
Pero quizás el impacto más devastador de la minería es el que experimentan las fuentes de subsistencia de las comunidades afectadas, que dependen principalmente de la agricultura y la ganadería. El impacto de la minería, especialmente la pérdida de tierras y la contaminación del agua y el suelo, limita la habilidad de las comunidades de seguir con sus actividades tradicionales de subsistencia, limitando sus oportunidades de ganarse la vida.
La búsqueda del desarrollo en este contexto se basa en ciertos supuestos normativos sobre qué se considera como desarrollo. Se ha elegido la minería como estrategia de desarrollo por sus efectos positivos en el crecimiento del PIB peruano. La minería aumenta las exportaciones y se basa en las ventajas comparativas que posee Perú en este sector. Si bien las ganancias económicas pueden claramente beneficiar a algunos, deben hacerse algunas concesiones sociales y ambientales ¿Qué sucede con la habilidad de los campesinos de cultivar la tierra de sus ancestros? ¿Y con la posibilidad de las comunidades locales de disfrutar de una buena salud? Mientras el gobierno peruano basa sus políticas de desarrollo en un marco normativo particular -las mejoras en la calidad de vida surgen a partir del crecimiento económico y que una de las mejores estrategias para alcanzarlo es impulsar las inversiones mineras- las comunidades locales tienen un marco normativo diferente. Para ellos, disfrutar de buena salud, libres de contaminación ambiental, ser capaces de trabajar la tierra de una manera sostenible y tener la posibilidad de participar en festivales indígenas y ceremonias religiosas pueden ser los resultados del desarrollo que valoran, pero que no pueden proteger en vista de los intereses mineros ¿Habrá alguna manera de integrar estas diferentes visiones del desarrollo en un diálogo productivo?
Las historias anteriores nos cuestionan sobre temas claves del desarrollo, como ser: ¿cómo compensar el crecimiento económico con la calidad de vida? ¿Cómo equilibrar las políticas que favorecen a diferentes grupos de personas? ¿Cómo decidir entre el corto con el largo plazo? ¿Los pobres son menos pobres a partir de un alto crecimiento económico? ¿Sobre qué base debe evaluarse su calidad de vida? ¿La expansión económica necesita ir acompañada de una limitación en el acceso al agua potable a ciertos sectores de la población? La actividad minera en Perú, ¿es una forma deseable y digna de generar mayores ingresos y empleos en ese país? El crecimiento económico y la creación de empleos, ¿son los únicos criterios que deben guiar las decisiones políticas? ¿Cómo pueden compensarse los costos ambientales y sociales con los beneficios económicos? ¿Es necesario dicha compensación? En las historias de los precedentes ejemplos, queda manifiesto que cada grupo o individuo relacionado con la situación tiene una lectura de los hechos y una preconcepción normativa diferente. En Perú, el gobierno impulsa la expansión de la minería de acuerdo con sus creencias sobre el desarrollo económico y cómo éste puede mejorar calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, quienes se ven afectados por esta actividad disienten sobre la eventual contribución de la minería peruana en sus vidas, precisamente porque evalúan la calidad de sus vidas en un sentido más holístico y no meramente en base a un solo factor, como ser el crecimiento económico. Asimismo, el gobierno de Guatemala evalúa el valor del medioambiente desde la perspectiva de nuevos incentivos económicos (i.e. inversión y empleo). Sin embargo, otros grupos valoran el medioambiente con un enfoque diferente.
Siempre ha habido desacuerdos y es difícil conciliar todos los intereses en juego. Pero es necesario destacar que los conflictos de intereses y valores pueden ser bien o mal manejados, y que también hay políticas mejores que otras para conseguir las mejoras deseadas.
A través de estos ejemplos es posible identificar dos clases de preguntas que se hacen los diferentes grupos, cada uno basado en sus presunciones normativas sobre qué es lo importante y cuáles son las mejores políticas que deben perseguirse. Un primer tipo de preguntas se relaciona con el resultado económico de las decisiones políticas ¿En qué medida van a incrementar la actividad minera, las exportaciones y el PIB de Perú? ¿En qué medida va a contribuir el proyecto Xalalá al crecimiento económico de Guatemala? El otro grupo de preguntas se vincula con el impacto de las políticas sobre la calidad de vida de la gente, ya sea de forma negativa o positiva. La actividad minera en Perú, ¿permitirá a los peruanos tener empleos dignos, enviar a sus hijos a la escuela y disfrutar de una mejor calidad de vida? ¿Puede el proyecto Xalalá contribuir para mejorar la calidad de vida de los indígenas en Guatemala? ¿Son necesarios esta clase de proyectos para conseguir dicho fin?
Las historias ilustran claramente que lo que es considerado desarrollo, así como las políticas que son aplicadas para mejorar la vida de la gente, está estrechamente vinculado con aquello que se considera valioso o importante.
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